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Apoyo solidario para la defensa de lo Común

A pesar de estar apoyando y esforzándome en el empoderamiento personal y colectivo desde que tengo uso de razón siempre he poseído un punto débil: reconocer cuando una misma es la que necesita ser apoyada.

Ahora os escribo para pediros apoyo por una causa personal que posee un trasfondo social en su origen.

Motivación:

Pedir a todas aquellas personas que empaticen con los que sufrimos la opresión del Estado por querer demandar justicia social y las que creen en que otras formas de vida son posibles ya que esta campaña servirá al liberarme de esta opresión el poder gestionar de la forma mas eficiente mi vida permacultural en el ecoasentamiento recién adquirido para la Universidad Popular de Permacultura: Buenviví.

Objetivos:

Compromiso Social:

Defender el bien común de las paisanas , campesinas y ciudadanas que desean pasear por los caminos, senderos y cauces públicos, evitando la coartación al derecho de defenderlo por parte de las instituciones que pretender inmovilizarnos en defensa de lo público con multas económicas.

Podéis ver la labor de la Plataforma A Desalambrar en el camino que defendimos par este proyecto de recaudación en su página web:
https://www.adesalambrar.com/index.php/actividades/picp/806-marcha-por-la-canada-real-de-los-potros-en-lugros

El ecoasentemiento que gestionamos que deseamos volver a reactivar una vez liberados de esta opresión estatal:
https://www.universidadpopulardepermacultura.com/buenvivi/

Cómo apoyarnos:

Puedes apoyar mediante un ingreso en la cuenta corriente de la banca ética Triodos Bank que posee la Asociación «Universidad Popular de Permacultura«:
ES28 1491 0001 2121 8748 7729
Concepto: Apoyo solidario a RCVicent-Adesalambrar

El objetivo final es saldar la sanción opresora de 4.300€

Puedes ver el video con una explicación mas extensa y/o continuar leyendo…

Desde 2007 el Estado español intenta coartarme y oprimirme en base a la movilización por la defensa de vías pecuarias, caminos públicos y cauces realizados junto a «A Desalambrar», concretamente con la defensa del camino «Cañada Real de los Potros» del municipio de Lugros (Granada), en aquel día de reivindicación de lo público andamos la vía pecuaria que estaba cortada por un cacique andaluz con asiento en el Congreso de los Diputados.
Dicho camino llevaba un lustro cerrado por un candado, privando a las paisanas del municipio de realizar la romería en la finca municipal a la que se accedía por dicho camino, un cabrero no podía acceder a los pastos arrendados en la propia finca municipal y además el propietario de la finca a la altura del tramo cortado había reconducido el canal de riego motivo por el cual la comunidad de regantes de la comarca tenían dos sentencias judiciales ordenando la apertura del camino y la restitución original del canal de riego, ambas sentencias no se ejecutaron.

Historia de los hechos acontecidos:

Me multaron con 3000€ por:
Invasión de finca privada: aunque anduve un camino público, señalizado visiblemente por la Junta de Andalucía.
Organizar la manifestación: en la que participé como asistente al uso, la organización era de la Plataforma «A Desalambrar» de la que ni pertenecía como socio. Y durante el juicio se presentaron presidente y secretario para dar fe de que la plataforma era la organizadora.
Alterar el orden público: parece ser que andar muchas personas por una zona rural les pareció alteración del orden público.

Llegado al juicio cargaron con 600€ de intereses por no haber satisfacido su demanda de dinero, por lo que antes de verificar su sentencia ya les «debía» 3600€. Por desgracia, y aunque en el juicio no presentaron ninguna prueba que refutara su amonestación y que desde la abogacía que me representaba a mí a y la plataforma andaluza «En defensa de los caminos públicos» se presentaron pruebas de que era anduvimos por un camino publico, que yo no era el organizador ni hubo alteración de orden alguno, el juez decidió ratificar la multa administrativa, para los procesos administrativos un juez no necesita validar con pruebas en contraposición a un proceso civil o penal.
Es la vía fácil que tienen las instituciones estatales españolas para coartar la libertad y el derecho a defender los intereses públicos recogidos en nuestra «supuesta» Carta Magna (Constitución). Cuando no existe ningún delito, proceso violento… con el que procesar realizan multas administrativas para buscar la paralización de las personas que creemos y defendemos la justicia social.

En su momento hice caso omiso al requerimiento de pago de multa por entender (y entiendo) que no es lógico, coherente ni justo que una institución pública y estatal que no defiende el bien común al que está obligado, además de omitir esa obligación, se beneficie imponiendo sanciones económicas a quienes si ejercemos esa defensa. No fui el único en ser sancionado en aquella reivindicación como en tantas otras.

Actualmente lo que demandan son 4.300€

Si has llegado leyendo hasta aquí te doy un enorme abrazo y agradecimiento por tu tiempo prestado a entender mi situación.

Compañeras, salud, evolución permacultural y ¡mucha alegría! RCVicent

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